En el desarrollo de su agenda nacional sobre derechos étnico-territoriales, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) participa en la Sesión I de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), escenario de articulación entre el Gobierno Nacional y los pueblos originarios, para el seguimiento a los compromisos, la definición de rutas normativas y el fortalecimiento de la políticas públicas en esta materia.
Como parte de este ejercicio, la URT presentó el balance actualizado del cumplimiento de medidas cautelares, medidas de la ruta étnica de protección y sentencias étnicas, en articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en cumplimiento de los acuerdos suscritos en la CNTI .
A corte de febrero de 2026, se reportan 61 medidas cautelares asociadas a pueblos indígenas, con 125 órdenes, de las cuales 63 han sido cumplidas y 62 se encuentran en proceso, evidenciando avances y retos en materia de formalización y seguridad jurídica.
Así mismo, en el marco de la ruta étnica de protección (artículo 150 del Decreto Ley 4633 de 2011), se identifican 536 casos de comunidades indígenas con medidas de protección, que concentran 1.135 órdenes, mientras persisten órdenes pendientes y en proceso, que requieren impulso en su seguimiento y articulación interinstitucional.
En relación con las sentencias étnicas, la URT reporta 42 sentencias que benefician a 44 comunidades indígenas, registrando avances parciales, en un proceso que depende de la validación judicial y del fortalecimiento de los reportes interinstitucionales.
Este balance evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación institucional, así como la consolidación de mesas técnicas que permitan mejorar la trazabilidad, el cruce de información y la toma de decisiones, en un contexto donde confluyen múltiples figuras de ordenamiento territorial.
La URT reitera que el cumplimiento de órdenes judiciales en materia de restitución étnica está sujeto a la verificación de los jueces de restitución de tierras, lo que implica retos adicionales en los tiempos de validación y cierre efectivo de las medidas.
En este contexto, la entidad ratifica su compromiso con la superación de rezagos, el fortalecimiento del seguimiento a la política pública y la construcción de soluciones que garanticen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en armonía con las demás formas de ocupación rural.
